Technodiversity - Open Letters


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Ha llegado a nosotros, gracias a Domenico Fiormonte, una carta abierta escrita conjuntamente por diversos profesores universitarios italianos, en la que se plantea una hoja de ruta contra la implementación indiscriminada de sistemas y plataformas educativas corporativas en la educación pública. La premisa se basa en la aplicación de una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que obliga a las instituciones y entidades públicas a evitar por todos los medios emplear “soluciones” desarrolladas por empresas establecidas, principalmente, en los Estados Unidos, para la transferencia de información, dado que las instituciones públicas que utilizan productos, por ejemplo, de la galaxia GAFAM no pueden garantizar la seguridad e integridad de los datos personales así transmitidos. Por supuesto, este no es un precedente legal válido para el ámbito latinoamericano, aunque puede sentar las bases para el desarrollo de legislaciones equivalentes en los países de la región. Es el mecanismo, y sobre todo la simplicidad de su aplicación, sin duda, lo que vuelve más valiosa esta propuesta. Ofrecemos a continuación la adaptación de esta carta a la lengua castellana, empleando donde ha sido posible referencias y publicaciones equivalentes en español o en inglés.

Quisiéramos agregar que el problema, además de contribuir al desmantelamiento de la educación pública, se inscribe en el capitalismo de la vigilancia extendido a las poblaciones infantiles y juveniles a través del propio Estado. Es necesario, por tanto, contemplar en el debate que los derechos, tanto de las infancias como humanos de forma genérica, están siendo vulnerados como parte de las consecuencias de estas políticas. Aunado a esto, en contextos desiguales y de enormes brechas digitales como son los de América Latina y el Caribe, ofrecer soluciones corporativas y exclusivamente digitales contribuye al ahondamiento de la brecha social y a la creciente dependencia de las soluciones tecnológicas producidas en los países industrializados, cuyo dominio geopolítico sobre la producción de conocimiento amenaza con destruir cualquier forma de conocimiento no complaciente con su episteme. La política pública tecnológica en contextos como los nuestros, debe contribuir a la solución de fondo: impulsar plataformas públicas robustas para la educación, que privilegien los derechos de las infancias y juventudes, y que respondan a los contextos diferenciados de acceso y conectividad.

David Domínguez Herbón y Paola Ricaurte Quijano


Un grupo de docentes de algunas universidades italianas ha elaborado una carta abierta en torno a las consecuencias del uso de plataformas propietarias en la enseñanza a distancia. Deseamos que se abra, lo antes posible, una discusión sobre el futuro de la educación y que las inversiones en el ámbito de la educación pública sobre las que se ha venido debatiendo en las últimas semanas sean aplicadas a la creación de una infraestructura digital pública para escuelas y universidades. El autor de estas líneas recomienda, para acercarse a este concepto tan elusivo y engañoso, la nota, de la autoría de Enrico Nardelli, publicada en Key4Biz este pasado 19 de octubre.

Domenico Fiormonte


Estimad@s colegas y estudiantes,

Como de seguro ya sabrán, las escuelas y universidades italianas, al inicio de la emergencia provocada por la pandemia de COVID-19 y por razones en principio comprensibles, depositaron su confianza para la gestión de la enseñanza a distancia –exámenes incluidos– en plataformas y herramientas propietarias, en su mayoría pertenecientes al conjunto denominado, por sus siglas, “GAFAM”: Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft.Existen algunas excepciones, pocas, como la del Politecnico di Torino, cuyas autoridades optaron desde un principio por utilizar soluciones no propietarias producidas al seno de la propia institución.

Sin embargo de esta situación, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió el 16 de julio del presente año de 2020 una sentencia de gran importancia, en la que, en suma, se afirma que las empresas estadounidenses –y, especialmente, las del conjunto GAFAM– no garantizan la privacidad de los usuarios en conformidad con el reglamento europeo de protección de datos, denominado RGPD. Por tanto, en el actual estado de las cosas, la transferencia de información personal desde Europa hacia los Estados Unidos debe ser considerada no conforme a las directrices europeas y, por ende, ilegal.

En torno a esta cuestión se ha creado un debate a nivel continental. El órgano Supervisor Europeo de Protección de Datos ha recomendado explícitamente que instituciones, oficinas, agencias y órganos de la Unión Europea eviten la transferencia de datos personales hacia Estados Unidos para operaciones de procesamiento o en el caso de contratos nuevos con proveedores de servicios. A la par, su homólogo irlandés, el CCS, ha prohibido terminantemente la transferencia de los datos personales de usuarios de Facebook hacia servidores estadounidenses. Finalmente, estudios recientes desarrollados conjuntamente por investigadores de instituciones europeas muestran como la gran mayoría de las plataformas comerciales empleadas por instituciones educativas durante la “didáctica de emergencia” –y, especialmente, G-Suite– presentan serios problemas legales, documentándose una violación sistemática de los principios de transparencia en todos los niveles educativos.

En esta difícil situación, diversas organizaciones entre las que se cuentan docentes universitarios buscan sensibilizar a las escuelas y universidades italianas de la necesidad de adaptar sus métodos de enseñanza a la sentencia europea, en interés y beneficio no sólo de docentes y estudiantes –quienes tienen el derecho de estudiar, enseñar y debatir sin ser vigilados y analizados, y su información personal clasificada y archivada–, sino de las instituciones en sí. Los riesgos ligados a la subcontratación de todos o parte de los procesos de la docencia bajo empresas multinacionales, cuyo uso de nuestros datos no estará vigilado ni restringido, no son sólo económicos o culturales, sino también propiamente legales: bajo estas premisas, cualquiera podrá presentar una queja ante los organismos de protección de datos personales por los perjuicios que se ocasionen a la institución en que trabaje.

Pero la problemática excede las cuestiones sobre nuestro derecho –y el de nuestr@s estudiantes– a la privacidad. Con la renovación de las medidas de emergencia ante los rebrotes de COVID-19, crecen los intereses económicos en juego y las grandes plataformas digitales, que en estos meses han incrementado exponencialmente su facturación –véanse 1 y 2, de forma general, y el estudio publicado en octubre por Mediobanca, en italiano–, tienen la fuerza y el poder de modelar el futuro de la educación en todo el mundo. Buen ejemplo de esto es lo que está sucediendo en las escuelas italianas con el proyecto nacional “My Smart Class”, financiado con fondos europeos gestionados por el Ministero dell’Istruzione. Se trata de un paquete listo para su uso –su presentación en YouTube así lo afirma– de “didáctica integrada”. Sus contenidos, en todas las materias, han sido creados por Pearson –la segunda firma editorial a nivel mundial–, su software es producido por Google y el hardware de aplicación es una Chromebook manufactura de Acer. Como es de suponer, las escuelas que se adhieran a este proyecto estarán sujetas a exclusividad: no podrán adquirir ningún otro producto, ni emplear otro sistema de enseñanza digital, mientras dure el período de evaluación, que no es inferior al año.

Aunque pueda parecer ciencia ficción, un paso más en la normalización de la enseñanza a distancia con herramientas propietarias es su consideración dentro de la “oferta educativa”, por lo que algunos medios hablan ya de sistemas de inteligencia artificial que pronto “superarán” a los docentes en su propio terreno.

Por todas estas razones, un grupo de docentes de varias universidades italianas han decidido reaccionar.

Su iniciativa, que hacemos nuestra, no tiene por objetivo hoy por hoy presentar una queja formal ante el órgano Supervisor Europeo de Protección de Datos, sino evitar tener que, finalmente, elevar dicha demanda. Pretendemos que se permita a docentes y estudiantes crear espacios de discusión en torno a esta problemática, a la par que inducir a los responsables a rectificar sus elecciones, y a tomar otras cualesquiera que impliquen a todos los implicados, respetando tanto la libertad de cátedra como el derecho a la enseñanza. Sólo en el caso de que la respuesta institucional sea incompleta o inexistente se recurrirá, como ratio extrema, a la elaboración y presentación de una demanda formal ante la agencia de protección datos competente. El objetivo de estas acciones no es “bloquear” las plataformas que proporcionan los servicios de enseñanza a distancia, ni a sus usuarios, sino alentar a los gobiernos a invertir al fin en la creación de una infraestructura pública basada en el software libre para la comunicación de la información científica, para la investigación y para la enseñanza, bajo un modelo similar al ya propuesto en Italia y a los que son una realidad en Francia o en España, tanto a nivel nacional desde las instituciones (1, 2 y 3) como a nivel regional, como sucede en Extremadura o en Valencia. Por otro lado, la misma UNESCO en 2019 aprobó una Recomendación para el uso de herramientas y recursos educativos de libre acceso, y desde abril de 2020 ha lanzado varias iniciativas a nivel global en este mismo sentido.

Siguiendo el punto, antes de llegar a la reclamación ante el órgano supervisor nacional es necesario una etapa preliminar: alguien –cualquiera…– debe escribir a la persona o entidad responsable del tratamiento de los datos personales requiriendo alguna información –se presenta, como modelo, una versión de solicitud para docentes, ya preparada–. De no recibir respuesta en el plazo de treinta días, o si la respuesta, aun entregada en plazo, puede ser considerada insatisfactoria o insuficiente, se podrá proceder con la demanda ante el órgano supervisor nacional.

Alcanzado este punto, se abren varias vías, pues dicha demanda podrá ser realizada, no sólo por la persona o entidad que haya solicitado inicialmente la información, sino por cualquier persona, asociación o entidad de nivel nacional, regional o local. Es importante hacer notar que, incluso habiéndose abierto este evitable escenario, la reclamación ante la entidad responsable del tratamiento de los datos personales en ningún caso puede ser interpretada como una “protesta” contra las propias instituciones educativas, sino que siempre será un intento de transformarlo, para tod@s, en un mejor espacio para el trabajo y el estudio, adecuándolo a las normas europeas.


Traducido del italiano por David Domínguez Herbón.


Recomendamos también algunas lecturas que pueden servir para ahondar en la comprensión de esta problemática y ayudar en el desarrollo de soluciones comunes.